El presidente boliviano, Evo Morales, defendió este martes en Estados Unidos la decisión "soberana" de su gobierno de establecer relaciones diplomáticas con Irán.
En diálogo con periodistas en Nueva York, donde participa de la 62 Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario boliviano argumentó que su decisión radica en que viene de una "cultura del diálogo" y que apunta a buscar "complementariedad" en particular en la industria petroquímica.
Bolivia está llamada a acercarse a "todos los países donde podamos complementarnos", sostuvo Morales, recordando que aún sin relaciones con Irán, su país le compró maquinaria para procesamiento de alimentos lácteos y frutas que no conseguía a buenos precios en América Latina.
Consultado sobre el efecto que podría tener un acercamiento con Teherán sobre la imagen internacional de Bolivia, Morales defendió que se trata de una decisión adoptada "de manera soberana", sostuvo que "las acusaciones sobran" en el mundo e indicó que no busca "dañar a nadie" al establecer relaciones con el gobierno iraní.
Equipos técnicos de Bolivia e Irán, que tienen relaciones diplomáticas desde este mes, estudian en La Paz acuerdos en energía y agricultura que serán suscritos el jueves por sus gobernantes durante una visita a Irán.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó tres resoluciones contra Irán, dos de las cuales incluyen sanciones por su negativa a dejar de enriquecer uranio, que puede utilizarse como combustible para armas nucleares.
Extradición de Sánchez de Lozada
Evo Morales también reiteró su pedido de que el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada sea "expulsado" de Estados Unidos, donde reside desde la caída de su gobierno en 2003, y "extraditado" a Bolivia.
"No sólo debe ser extraditado, debe ser expulsado de Estados Unidos", dijo Morales.
"Es un delincuente", acusó Morales, cuyo gobierno viene reclamando la extradición del ex mandatario, acusado de genocidio y peculado tras un levantamiento popular que acabó con su mandato en octubre de 2003, y dejó un saldo de 60 civiles muertos y más de 500 heridos en enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas del orden.
El máximo tribunal de justicia de Bolivia autorizó el pasado 11 de septiembre al gobierno a iniciar los trámites de extradición y detención preventiva del ex presidente.
Además de los delitos de genocidio, el ex mandatario, cuyo segundo gobierno se extendió entre 2002 y 2003, es acusado de utilizar fondos públicos con fines personales.
